En
el siglo XIX, las Revoluciones Liberales destruyeron el Sistema Estamental de
privilegios del Antiguo Régimen en muchos países europeos. En España, este proceso
revolucionario fue incompleto. Aristocracia y Clero siempre supieron hacerse
con la situación, unas veces sobornando Monarcas y Liberales y otras apelando
al Ejército. A la inversa de lo que ocurría en Europa, los liberales españoles
no supieron impulsar la Revolución Industrial y modernizar las Instituciones del
Estado. Ese período de la Historia de España moldeó todas las clases sociales
acentuando su radicalidad, y sus secuelas perduraron durante toda la dictadura
franquista. Inevitablemente, los intereses de las clases dominantes tradicionalistas
aparecieron en la Constitución de 1978 con la división territorial política
autonómica. Esto hace que el actual Sistema Político Español sea diferente de los
sistemas de nuestros socios europeos porque aquí la Revolución Liberal-Industrial
fue incompleta.
En
la última sesión de las Cortes Franquistas, en la que éstas se autodestruyen
para dejar paso al Sistema Democrático, el tema de discusión no era aprobar la
disolución. Se discutía el Sistema Electoral y la división territorial de la
futura España democrática. Los poderes tradicionales, obligados por el FMI
tenían que aceptar el cambio, incluyendo la legalización de todos los partidos
políticos. Por tanto, se discutía sobre el modelo del nuevo Sistema Político y
su Sistema Electoral para seguir controlando los negocios del Estado. En un
sistema electoral “mayoritario”, casi siempre dos partidos importantes se turnan
en el poder, y un tercero suele ser el partido “bisagra”. Pues bien, los
tradicionalistas no podían tolerar que el tercer partido fuese el comunista,
porque la mayoría parlamentaria siempre sería progresista. Ese puesto debía
ocuparlo los partidos nacionalistas periféricos que por tradición e ideología
son de derechas. Esto se consigue fácilmente con el Sistema Electoral
“proporcional” que da entrada a los pequeños partidos locales. Para que los nacionalistas
tengan realmente poder, y puedan contrarrestar un supuesto Poder central de
izquierdas, tienen que ejercerlo y para ello se crea un sistema a la medida, el
autonómico, con su Gobierno y su Parlamento y sin dependencia jerárquica del
Gobierno Central. Si refrescamos la memoria, recordaremos que el Sistema Autonómico
fue impulsado desde arriba, y tampoco faltan los ejemplos prácticos de pactos
post-electorales que desafían toda lógica política.
Como
en este mundo nada es perfecto, aparecieron los fallos. Aparecen nuevos
políticos, “los progres”, que ven un negocio con el Nacionalismo de izquierdas.
Además, los comunistas acomplejados por la Dictadura Soviética caen de lleno en
la trampa y colaboran con estos movimientos locales para picotear parcelas de
poder. Esto es atípico, puesto que la ideología de izquierdas es universalista
y el Nacionalismo es localista y tradicionalmente de derechas. Estos nacionalistas
que se dicen de izquierdas son estafadores, alimentan un mito étnico
tergiversando la historia. Se apoyan en unos “Fueros” del pueblo que les fueron
arrebatados, cuando en realidad esos fueros eran por y para los estamentos
privilegiados. El pueblo, en el Antiguo Régimen, sólo tenía el derecho a
trabajar y callar.
Lo
que en un principio era un negocio, el de acaparar poder, se ha degenerado en exigencias
de independencia. La descentralización política del Estado ha permitido
transferir ese poder delegado al poder económico local. Las élites locales funden
nacionalismo cultural con nacionalismo político para alistar un ejército de abducidos
a la causa nacionalista para mangonear las cuentas públicas. Don dinero autoalimenta
y engorda cualquier grupo organizado. Mientras que nuestros socios europeos
invierten en tecnología, en España estamos invirtiendo en nacionalismos
excluyentes rancios.
La
hipotética desaparición del Estado Español sólo debería producirse en un
proceso de integración hacia adelante, es decir, con la culminación de la Unión
Europea como Estado, nunca hacia atrás con la independencia de las actuales
Autonomías. Con la Ley Electoral “mayoritaria” quedarían tres o cuatro partidos
políticos con vocación y programa de gobierno para toda España, y con una descentralización
administrativa los conflictos de competencia desaparecerían. El debate República
o Monarquía es compatible con este planteamiento. Seguramente los nacionalistas
tacharían este sistema de dictadura, y tendrían razón. Es la dictadura de la
mayoría, la perfecta definición de la Democracia, el menos malo de los
sistemas, porque garantiza igualdad de derechos y deberes para “todos los
ciudadanos del Estado” y periódicamente “todos los ciudadanos del Estado” deciden
en las urnas.
Sí,
después de 39 años la Constitución Española de 1978 necesita despojarse
urgentemente de los residuos del Antiguo Régimen para adaptarla a los retos de
este siglo XXI. Estos retos no son otros que la creación del Estado Europeo con
su propia Constitución, la única garantía de no repetir los 100 millones de
muertos de las dos Guerras Mundiales del siglo XX provocadas por los nacionalismos.
Fdo.:
Luis Perant Fernández
