Si resulta que votar
es democracia, los trabajadores, desempleados y jubilados de Alicante, Badajoz
o Girona podrían defender sus intereses votando. Ya que son los más numerosos y
más pobres de España, pues que hagan referéndums para garantizar un reparto más
justo de la riqueza, un trabajo digno, un salario digno, unas pensiones dignas,
cero recortes en sanidad y educación, cero recortes en ayudas para discapacitados
y dependientes… “No piden robar riquezas, ni privilegios, sino votar, ejercer el
derecho a decidir”. Claro que estos referéndums serían difíciles de llevar a
cabo ya que no son rentables para el capital constitucionalista, ni para el capital
nacionalista.
Este razonamiento puede
parecer una broma infantil para algunos, aunque para los ciudadanos desfavorecidos
seguro que no lo es. Pues sigamos con algo más tangible, porque el desafío de
los independentistas a la Constitución es preocupante, aunque aseguren que son
pacifistas. Nadie sabe cómo terminará el pulso entre la Generalitat catalana y
el Estado español, pero es que nadie sabe tampoco cómo empezó. Hay versiones
para todos los gustos. Y como mi defecto es opinar, pues ahí va mi punto de
vista.
Está comprobado
estadísticamente que la franja de individuos entre 35 y 40 años es la que más se
implica y participa en los asuntos sindicales, políticos, públicos y
asociativos de todo tipo. ¿Y cuándo empezaron las competencias catalanas en
Educación? Pues hagan ustedes mismos los cálculos y verán cómo las cuentas
cuadran. Tampoco hay que ser muy espabilado para darse cuenta que la balanza se
inclina del lado independentista cada año un poco más con nuevas hornadas de
estudiantes. El problema no radica tanto en el traspaso de competencias
educativas u otras, sino en el uso que se hace de ellas. Cuando a un niño lo educas
desde pequeño diciéndole que los malos son los castellanos que le arrebataron
sus fueros, pues ese niño al hacerse mayor relaciona todas sus frustraciones y
carencias con aquellos malvados. El Estado de esta España democrática no ha
sabido enseñar a sus estudiantes que en el Antiguo Régimen no existía el
ciudadano tal como es hoy día, que aquel individuo era un súbdito, casi
esclavo, que sólo tenía derecho a callar, obedecer y trabajar para el amo. El
Estado occidental de derecho y democrático tal como lo conocemos hoy empezó con
la Revolución Francesa hace poco más de 200 años y se fue perfeccionando a lo
largo de los siglos XIX y XX. Y en España, salvo el corto paréntesis
republicano y algún que otro periodo menor en el S.XIX, ese modelo de Estado democrático
sólo llegó con la Constitución de 1978. Por tanto, los españoles de 2018 no somos
culpables de los aciertos, errores u horrores de la época romana, visigoda,
musulmana, medieval, imperial o franquista. Aunque sí somos el resultado de
todas ellas.
La mayoría de las
fuerzas políticas cree que la única salida pacífica a este movimiento
independentista es el camino
del diálogo y la negociación entre todas las partes hasta llegar a una reforma
constitucional pactada. Ahora bien, hay que recordar a todos los posibles y
futuros negociadores el artículo 1.2 de la Constitución Española que dice: “La
soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del
Estado”. Por tanto, el ciudadano de a pie de Alicante, Badajoz o Girona es copropietario
de la soberanía nacional, su título de propiedad es la Constitución y sin su
consentimiento no puede haber reforma constitucional.
Lo mismo que me niego a que unos
autodenominados “independentistas democráticos” me quieran robar parte de mi
país legitimándose en una “supuesta herencia de un título de propiedad de un
bando del estamento privilegiado de la nobleza del año 1714 (¿?)”, también me
niego a que los representantes políticos actuales de la soberanía nacional
pacten una reforma constitucional sin someterla al voto de la soberanía nacional,
es decir de todos los españoles. Por cierto, ya que destapamos el corcho de la
reforma constitucional, que no se quede en un lavado de cara para contentar a
la burguesía catalana, sino que sea una reforma integral que aporte soluciones
a los problemas de los ciudadanos de Alicante, Badajoz, Girona… y todos los
demás ciudadanos españoles.
Fdo.:
Luis Perant Fernández
