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martes, 2 de febrero de 2016
IMPUESTOS Y GOBIERNOS.
Una de las funciones principales del
Estado es regular los mercados para que todo ciudadano pueda comprar sus
necesidades y vender sus productos. Los liberales sostenían que los mercados se
regulaban solos por el mecanismo de la oferta y la demanda, hasta que la crisis
mundial de 1.929 demostró que los poderes públicos deben intervenir los
mercados para que la economía no se hunda. Y como todos los agentes económicos
(productores, consumidores, distribuidores, inversores, intermediarios,
especuladores, importadores, exportadores…) saben que los gobiernos son los que
regulan los mercados con sus políticas y dineros públicos, pues ahí tenemos a
todos los grupos sociales y económicos presionando al gobierno de turno para
sacar tajada, y dispuestos a untar a todo político que se preste. La fuerza de
estos lobbies no se mide por el número de miembros, sino por su volumen de
negocio y su conocimiento del sistema político, para ello las multinacionales
integran en plantilla a ex cargos públicos y políticos.
Las competencias del Gobierno, más
conocidas por los ciudadanos, son recaudar impuestos para mantener las Instituciones
del Estado, proporcionar los servicios públicos y ejecutar las obras públicas.
Pero además, el Gobierno también asigna recursos públicos para regular los
mercados y asegurar su abastecimiento y funcionamiento. Y aquí entra la ideología
del Gobierno de turno porque asegurar el buen funcionamiento del mercado no
implica un reparto equitativo de las ayudas públicas entre todos los agentes
económicos. Por regla general pero no exclusiva, la política económica de los
gobiernos de izquierdas favorece a los consumidores para incentivar el consumo,
la producción y la creación de trabajo; y la política económica de los gobiernos
de derechas favorece a los productores para crear trabajo, producción y a su
vez elevar el consumo. Se podría pensar que el resultado es el mismo, pero no más
lejos de la realidad. Para simplificar, dividimos los agentes económicos en dos
bandos: los productores y los consumidores.
La regulación del mercado es
compleja porque el Gobierno debe calcular la cantidad de dinero en circulación
y la velocidad de intercambio de ese dinero en manos de los agentes económicos.
Es importantísimo que esa cantidad y velocidad sean las correctas para que el
mercado funcione, es decir, para que toda la producción se consuma. Si hay poco
dinero en circulación, el consumidor no compra y el productor despide trabajadores;
si hay exceso de dinero el consumidor compra más, pero como la producción tiene
límite, pues se inicia la subida de precios, la consiguiente inflación, la
recesión económica y el despido de trabajadores. Si además, de estas
dificultades para regular adecuadamente los mercados, añadimos la discrecionalidad
del gobierno de turno para asignar las ayudas públicas al bando de su agrado,
no debe sorprendernos que el ciudadano no vea la crisis hasta que la tiene
encima.
Las ayudas públicas a la producción
pueden ser directas, indirectas, financieras, a la innovación, fiscales,
administrativas, laborales, sectoriales, nacionales, europeas, a la exportación,
a las organizaciones empresariales…; y las ayudas públicas al consumo pueden
ser una mayor cobertura de los servicios públicos, mayor asistencia social,
mayores pensiones, mayores ayudas a las familias, mayores becas, mayores masas
salariales en el sector público, salario social vital, menores requisitos para
acceder a pensiones de invalidez, legislación favorable al trabajo, a los
sindicatos de trabajadores… A pesar de que estas inyecciones de dinero público
son necesarias para que la economía no se estanque, estas medidas han resultado
ser ineficientes a medio y largo plazo.
Las ayudas a la producción hacen que
las empresas se acomoden y pierdan competitividad. Sus instalaciones y su
tecnología envejecen a la espera de más subvenciones públicas, y si éstas no
llegan, las empresas dejan de ser competitivas y cierran. Las ayudas al consumo
tampoco son la panacea para la economía. Los subsidios desincentivan el
trabajo, pero también, terminan por distorsionar los precios. Los productores
reducen salarios puesto que las familias tienen otras fuentes de ingreso, y
suben precios porque los consumidores tienen dinero. Esto hace que el consumo
se estanque, y se inicie un nuevo ciclo recesivo.
Si la inyección de dinero público a
los mercados es necesaria para que la economía no se paralice, y las ayudas a
la producción y al consumo resultan ineficientes a medio/largo plazo, pues habrá
que pensar en otras políticas públicas. Seguro que existen.
Fdo.: Luis Perant Fernández