Este artículo ya se publicó en julio de 2010. Pero como sigue estando de actualidad, pues vuelvo a colgarlo en el blog. Y mantengo lo dicho en el artículo: "eliminar a los corruptos no garantiza terminar con la corrupción". Siempre nos fijamos en el Poder Ejecutivo, y nos olvidamos del Legislativo y del Judicial. Los lobbies que fomentan la corrupción para conseguir sus negocios presionan por igual a los tres poderes del Estado. La legislación y la aplicación de las leyes son parcelas importantes que no debemos descuidar si queremos mantener el estado de bienestar y conservar la democracia.
CORRUPTOS Y CORRUPCIÓN
Por norma, los ciudadanos tienen un
mal concepto de los políticos, sobre todo inmediatamente después de algún caso
de corrupción. Y razón no les falta. Por mi parte, cuando no dispongo de
suficiente información sobre un caso, pues no opino. Eso no quiere decir que
calle sobre nuestro sistema político que da pie a meter la mano en las arcas
públicas.
No faltan los ejemplos de personas
que están en política por dinero, ni tampoco los mercenarios a sueldo de las
clases adineradas, ni tampoco los líderes sociales profesionales que se venden
al mejor postor. Todos ellos no son políticos, son gentuza sin escrúpulos,
líderes obreros, empresariales y políticos que dominan a la perfección el arte
de la retórica para confundir y lograr anteponer sus intereses. Si además
dentro de su partido o asociación se fomenta la corrupción, entonces aparece
ese personaje público repelente y engreído que está en posesión de la verdad. Y
como está respaldado por un partido o grupo poderoso, pues pretende estar por
encima de la ley, demostrando toda su arrogancia, descaro y chulería cuando
habla en público.
Lo que entendemos por políticos, son
en realidad gestores. Son personas con vocación pública e inquietudes sociales,
que están en política para aportar conocimientos, experiencia, ilusión y
trabajo, por supuesto, todo ello desde una óptica ideológica. Son fieles peones
de las directrices de su partido y por regla general cumplen con su cometido y trabajo.
Pero la figura del gestor se desvirtúa cuando, desde arriba, están obligados a
actuar al límite de la ley. Unas veces, para este tipo de encomienda son
necesarios gestores inteligentes, preparados y de plena confianza. En otras
ocasiones, sólo se necesitan subordinados agradecidos, capaces de ejecutar las
órdenes sin hacer preguntas, y si es posible, poco espabilados para no
descubrir la trama.
Al igual que el enigma del huevo y
la gallina, nunca sabremos si primero nació la corrupción desde la clase política
o desde la empresarial. Éstos se confunden, hay empresarios que se disfrazan de
políticos y políticos que se camuflan de empresarios. Lo cierto es que el
sector público gestiona mucho dinero y los empresarios, como es lógico, buscan
negocio allí dónde se encuentra. No es momento de culpar o disculpar a unos y a
otros, y la justicia debería ser ejemplarizante con sentencias severas en todos
los casos de corrupción. Pero eliminar a los corruptos no garantiza terminar
con la corrupción.
Con la Constitución del 78, la
Administración pública se descentraliza, se democratiza, pero sobre todo se
expande y multiplica. En aras de una mayor agilidad y asignación de recursos,
las administraciones y sociedades estatales, autonómicas y municipales escapan
del Derecho administrativo, considerado poco dúctil y eficaz, por sus excesivas
suspicacias y controles, y optan por el Derecho privado, mucho más ágil y
operativo. Todo esto se consigue gracias
a una serie de leyes promulgadas, la mayoría, en la segunda mitad de la década
de los 90 y casualmente con gobierno del Partido Popular. La consecuencia
primordial que se deriva de este cambio es la inaplicación de la legislación
sobre contratos administrativos, en especial de los procedimientos de selección
de contratistas, así como del régimen de función pública para su personal, todo
lo cual ya no se controla por la jurisdicción administrativa, sino por la civil.
La evasión a fórmulas organizativas que admiten la utilización del Derecho
privado, va encaminada a liberarse de los rigores del control del Derecho
público en materia de retribuciones funcionales, selección de contratistas,
control de las intervenciones, etc.
A mi juicio, el Derecho privado no
sirve para garantizar los principios de igualdad, mérito y objetividad, porque
en el Derecho privado son irrelevantes. Tenemos que desmitificar la creencia en
la mayor eficacia de la Administración cuando actúa sujeta al Derecho privado,
porque ésta, no está condicionada por el riesgo empresarial, es dinero de los
ciudadanos y los gestores no corren el riesgo de la quiebra empresarial. Las
administraciones públicas sufren dos procesos de expropiación, una por la clase
política y otra por el sector privado, conjugadas ambas a través de
connivencias que permiten marginar el empleo de servicios propios y de la clase
funcionarial.
Este nuevo escenario ignora las
raíces históricas del Derecho administrativo que se sustancian en la protección
del interés público, precisamente contra los administradores corruptos que ahora son,
cada vez más, miembros de la clase política y/o empresarial, o están subordinados
a ellas mediante variadas fórmulas de clientelismo. Mientras tengamos leyes
confusas y discrecionales, y de dudosa constitucionalidad, que regulen la
Administración pública, siempre habrá corrupción.
