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Tren Turístico Limón Exprés (Benidorm-Gata de Gorgos). Ferrocarril Alicante-Denia.

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martes, 26 de septiembre de 2017

TÍTULO DE PROPIEDAD DE LA REPÚBLICA CATALANA.


Si resulta que votar es democracia, los trabajadores, desempleados y jubilados de Alicante, Badajoz o Girona podrían defender sus intereses votando. Ya que son los más numerosos y más pobres de España, pues que hagan referéndums para garantizar un reparto más justo de la riqueza, un trabajo digno, un salario digno, unas pensiones dignas, cero recortes en sanidad y educación, cero recortes en ayudas para discapacitados y dependientes… “No piden robar riquezas, ni privilegios, sino votar, ejercer el derecho a decidir”. Claro que estos referéndums serían difíciles de llevar a cabo ya que no son rentables para el capital constitucionalista, ni para el capital nacionalista.

Este razonamiento puede parecer una broma infantil para algunos, aunque para los ciudadanos desfavorecidos seguro que no lo es. Pues sigamos con algo más tangible, porque el desafío de los independentistas a la Constitución es preocupante, aunque aseguren que son pacifistas. Nadie sabe cómo terminará el pulso entre la Generalitat catalana y el Estado español, pero es que nadie sabe tampoco cómo empezó. Hay versiones para todos los gustos. Y como mi defecto es opinar, pues ahí va mi punto de vista.

            Está comprobado estadísticamente que la franja de individuos entre 35 y 40 años es la que más se implica y participa en los asuntos sindicales, políticos, públicos y asociativos de todo tipo. ¿Y cuándo empezaron las competencias catalanas en Educación? Pues hagan ustedes mismos los cálculos y verán cómo las cuentas cuadran. Tampoco hay que ser muy espabilado para darse cuenta que la balanza se inclina del lado independentista cada año un poco más con nuevas hornadas de estudiantes. El problema no radica tanto en el traspaso de competencias educativas u otras, sino en el uso que se hace de ellas. Cuando a un niño lo educas desde pequeño diciéndole que los malos son los castellanos que le arrebataron sus fueros, pues ese niño al hacerse mayor relaciona todas sus frustraciones y carencias con aquellos malvados. El Estado de esta España democrática no ha sabido enseñar a sus estudiantes que en el Antiguo Régimen no existía el ciudadano tal como es hoy día, que aquel individuo era un súbdito, casi esclavo, que sólo tenía derecho a callar, obedecer y trabajar para el amo. El Estado occidental de derecho y democrático tal como lo conocemos hoy empezó con la Revolución Francesa hace poco más de 200 años y se fue perfeccionando a lo largo de los siglos XIX y XX. Y en España, salvo el corto paréntesis republicano y algún que otro periodo menor en el S.XIX, ese modelo de Estado democrático sólo llegó con la Constitución de 1978. Por tanto, los españoles de 2018 no somos culpables de los aciertos, errores u horrores de la época romana, visigoda, musulmana, medieval, imperial o franquista. Aunque sí somos el resultado de todas ellas.

            La mayoría de las fuerzas políticas cree que la única salida pacífica a este movimiento independentista es el camino del diálogo y la negociación entre todas las partes hasta llegar a una reforma constitucional pactada. Ahora bien, hay que recordar a todos los posibles y futuros negociadores el artículo 1.2 de la Constitución Española que dice: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Por tanto, el ciudadano de a pie de Alicante, Badajoz o Girona es copropietario de la soberanía nacional, su título de propiedad es la Constitución y sin su consentimiento no puede haber reforma constitucional.

Lo mismo que me niego a que unos autodenominados “independentistas democráticos” me quieran robar parte de mi país legitimándose en una “supuesta herencia de un título de propiedad de un bando del estamento privilegiado de la nobleza del año 1714 (¿?)”, también me niego a que los representantes políticos actuales de la soberanía nacional pacten una reforma constitucional sin someterla al voto de la soberanía nacional, es decir de todos los españoles. Por cierto, ya que destapamos el corcho de la reforma constitucional, que no se quede en un lavado de cara para contentar a la burguesía catalana, sino que sea una reforma integral que aporte soluciones a los problemas de los ciudadanos de Alicante, Badajoz, Girona… y todos los demás ciudadanos españoles.


Fdo.: Luis Perant Fernández


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