miércoles, 27 de diciembre de 2017
SOBRE LAS ELECCIONES CATALANAS DEL 21-D.
Como era de
esperar se vuelve a repetir el mismo cuento después del empate técnico de estas
elecciones. Unos vuelven a repetir la necesidad del diálogo político para legitimar
el derecho a decidir sobre la independencia de Cataluña, y otros se escudan en
la Ley suprema de la Constitución que lo impide. Unos y otros quedan tan
contentos porque todos han ganado con este status quo, se aseguran largos
debates parlamentarios y en los medios, y se aseguran un trabajo fijo. ¿Y el
ciudadano de a pie, el supuesto copropietario de la soberanía popular, dónde
queda su estado del bienestar?
En una hipotética
democracia pura, los partidos políticos que representan a los pobres siempre
ganarían las elecciones, porque en toda sociedad, los pobres son más numerosos
que los ricos. Si esto no ocurre en la práctica en ningún país del mundo es
porque todas las democracias son intervenidas en mayor o menor medida. Aunque es
de sentido común que de alguna manera la democracia pura debe ser intervenida
para que ésta no se desvirtúe en demagogia, y en lugar de repartir riqueza se
reparta pobreza. Pero en España, como prototipo de país extremista en todas las
facetas, aquí somos los campeones del intervencionismo político.
La sociedad
catalana ha quedado fraccionada en dos bandos enfrentados e irreconciliables,
pero no entre izquierda y derecha, sino entre constitucionalistas e
independentistas. Empecemos por los constitucionalistas. La derecha rancia
tradicionalista, la de la reforma laboral salvaje y el saqueo de las arcas
públicas, a través de su marca blanca lidera el bando constitucionalista, ha
relegado al vagón de cola a la oposición de izquierda universalista. Su
proyecto político es, en primer lugar, salvar a la patria de los enemigos que
quieren romperla. Cuando dobleguen a los separatistas, ya hablaran de modelo de
sociedad. Por su parte, los constitucionalistas de izquierda ni comen ni dejan
comer, no se atreven a definirse por temor a perder votos, sin percibir que
están perdiendo la identidad.
En el otro
bando, el de los independentistas, es la misma tónica. La derecha rancia
catalana, la del 3% y cuentas en paraísos fiscales, lidera el movimiento
separatista sometiendo la voluntad de la oposición de izquierda con promesas de
reparto de poder cuando logren la República Catalana. Esta izquierda
nacionalista excluyente, independentista, republicana, localista, pueblerina… y
todos los calificativos antinaturales y contradictorios inimaginables, está
dispuesta a apoyar hasta el mismísimo diablo con tal de arañar cuotas de poder
y mangonear presupuestos públicos.
Sí, la
estrategia de la derecha española es la misma que la estrategia de la derecha
catalana, porque hay una sola estrategia y una sola derecha. El descontento de
los ciudadanos por los recortes salariales y sociales no debe canalizarse hacia
los partidos de izquierda y poner en peligro el Gobierno de la derecha, el
protector de las multinacionales, los verdaderos gobernantes de la economía
mundial. Con las ideologías nacionalistas se consigue que los sentimientos
desplacen al raciocinio y rompan el mayor bloque de los votantes, los “pobres”.
La manipulación de la democracia pura está asegurada.
Mientras
tanto, los partidos de izquierda españoles y catalanes viven acomodados en la
oposición, sin responsabilidad de gobierno y cobrando de las arcas públicas. Si
no fuera así alzarían la voz contra la Ley Electoral que les perjudica y
permite que todos los votos no tengan el mismo valor. Necesitamos una Ley
Electoral que garantice “un ciudadano, un voto” para que nuestra democracia sea
algo más justa y difícil de manipular. Y también para terminar con los pactos
post-electorales que desafían toda lógica política y devuelva todo el
protagonismo al ciudadano.
Fdo.:
Luis Perant Fernández
miércoles, 6 de diciembre de 2017
SE IMPONE REFORMAR NUESTRA CONSTITUCIÓN.
En
el siglo XIX, las Revoluciones Liberales destruyeron el Sistema Estamental de
privilegios del Antiguo Régimen en muchos países europeos. En España, este proceso
revolucionario fue incompleto. Aristocracia y Clero siempre supieron hacerse
con la situación, unas veces sobornando Monarcas y Liberales y otras apelando
al Ejército. A la inversa de lo que ocurría en Europa, los liberales españoles
no supieron impulsar la Revolución Industrial y modernizar las Instituciones del
Estado. Ese período de la Historia de España moldeó todas las clases sociales
acentuando su radicalidad, y sus secuelas perduraron durante toda la dictadura
franquista. Inevitablemente, los intereses de las clases dominantes tradicionalistas
aparecieron en la Constitución de 1978 con la división territorial política
autonómica. Esto hace que el actual Sistema Político Español sea diferente de los
sistemas de nuestros socios europeos porque aquí la Revolución Liberal-Industrial
fue incompleta.
En
la última sesión de las Cortes Franquistas, en la que éstas se autodestruyen
para dejar paso al Sistema Democrático, el tema de discusión no era aprobar la
disolución. Se discutía el Sistema Electoral y la división territorial de la
futura España democrática. Los poderes tradicionales, obligados por el FMI
tenían que aceptar el cambio, incluyendo la legalización de todos los partidos
políticos. Por tanto, se discutía sobre el modelo del nuevo Sistema Político y
su Sistema Electoral para seguir controlando los negocios del Estado. En un
sistema electoral “mayoritario”, casi siempre dos partidos importantes se turnan
en el poder, y un tercero suele ser el partido “bisagra”. Pues bien, los
tradicionalistas no podían tolerar que el tercer partido fuese el comunista,
porque la mayoría parlamentaria siempre sería progresista. Ese puesto debía
ocuparlo los partidos nacionalistas periféricos que por tradición e ideología
son de derechas. Esto se consigue fácilmente con el Sistema Electoral
“proporcional” que da entrada a los pequeños partidos locales. Para que los nacionalistas
tengan realmente poder, y puedan contrarrestar un supuesto Poder central de
izquierdas, tienen que ejercerlo y para ello se crea un sistema a la medida, el
autonómico, con su Gobierno y su Parlamento y sin dependencia jerárquica del
Gobierno Central. Si refrescamos la memoria, recordaremos que el Sistema Autonómico
fue impulsado desde arriba, y tampoco faltan los ejemplos prácticos de pactos
post-electorales que desafían toda lógica política.
Como
en este mundo nada es perfecto, aparecieron los fallos. Aparecen nuevos
políticos, “los progres”, que ven un negocio con el Nacionalismo de izquierdas.
Además, los comunistas acomplejados por la Dictadura Soviética caen de lleno en
la trampa y colaboran con estos movimientos locales para picotear parcelas de
poder. Esto es atípico, puesto que la ideología de izquierdas es universalista
y el Nacionalismo es localista y tradicionalmente de derechas. Estos nacionalistas
que se dicen de izquierdas son estafadores, alimentan un mito étnico
tergiversando la historia. Se apoyan en unos “Fueros” del pueblo que les fueron
arrebatados, cuando en realidad esos fueros eran por y para los estamentos
privilegiados. El pueblo, en el Antiguo Régimen, sólo tenía el derecho a
trabajar y callar.
Lo
que en un principio era un negocio, el de acaparar poder, se ha degenerado en exigencias
de independencia. La descentralización política del Estado ha permitido
transferir ese poder delegado al poder económico local. Las élites locales funden
nacionalismo cultural con nacionalismo político para alistar un ejército de abducidos
a la causa nacionalista para mangonear las cuentas públicas. Don dinero autoalimenta
y engorda cualquier grupo organizado. Mientras que nuestros socios europeos
invierten en tecnología, en España estamos invirtiendo en nacionalismos
excluyentes rancios.
La
hipotética desaparición del Estado Español sólo debería producirse en un
proceso de integración hacia adelante, es decir, con la culminación de la Unión
Europea como Estado, nunca hacia atrás con la independencia de las actuales
Autonomías. Con la Ley Electoral “mayoritaria” quedarían tres o cuatro partidos
políticos con vocación y programa de gobierno para toda España, y con una descentralización
administrativa los conflictos de competencia desaparecerían. El debate República
o Monarquía es compatible con este planteamiento. Seguramente los nacionalistas
tacharían este sistema de dictadura, y tendrían razón. Es la dictadura de la
mayoría, la perfecta definición de la Democracia, el menos malo de los
sistemas, porque garantiza igualdad de derechos y deberes para “todos los
ciudadanos del Estado” y periódicamente “todos los ciudadanos del Estado” deciden
en las urnas.
Sí,
después de 39 años la Constitución Española de 1978 necesita despojarse
urgentemente de los residuos del Antiguo Régimen para adaptarla a los retos de
este siglo XXI. Estos retos no son otros que la creación del Estado Europeo con
su propia Constitución, la única garantía de no repetir los 100 millones de
muertos de las dos Guerras Mundiales del siglo XX provocadas por los nacionalismos.
Fdo.:
Luis Perant Fernández
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