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miércoles, 27 de diciembre de 2017

SOBRE LAS ELECCIONES CATALANAS DEL 21-D.


Como era de esperar se vuelve a repetir el mismo cuento después del empate técnico de estas elecciones. Unos vuelven a repetir la necesidad del diálogo político para legitimar el derecho a decidir sobre la independencia de Cataluña, y otros se escudan en la Ley suprema de la Constitución que lo impide. Unos y otros quedan tan contentos porque todos han ganado con este status quo, se aseguran largos debates parlamentarios y en los medios, y se aseguran un trabajo fijo. ¿Y el ciudadano de a pie, el supuesto copropietario de la soberanía popular, dónde queda su estado del bienestar?

En una hipotética democracia pura, los partidos políticos que representan a los pobres siempre ganarían las elecciones, porque en toda sociedad, los pobres son más numerosos que los ricos. Si esto no ocurre en la práctica en ningún país del mundo es porque todas las democracias son intervenidas en mayor o menor medida. Aunque es de sentido común que de alguna manera la democracia pura debe ser intervenida para que ésta no se desvirtúe en demagogia, y en lugar de repartir riqueza se reparta pobreza. Pero en España, como prototipo de país extremista en todas las facetas, aquí somos los campeones del intervencionismo político.

La sociedad catalana ha quedado fraccionada en dos bandos enfrentados e irreconciliables, pero no entre izquierda y derecha, sino entre constitucionalistas e independentistas. Empecemos por los constitucionalistas. La derecha rancia tradicionalista, la de la reforma laboral salvaje y el saqueo de las arcas públicas, a través de su marca blanca lidera el bando constitucionalista, ha relegado al vagón de cola a la oposición de izquierda universalista. Su proyecto político es, en primer lugar, salvar a la patria de los enemigos que quieren romperla. Cuando dobleguen a los separatistas, ya hablaran de modelo de sociedad. Por su parte, los constitucionalistas de izquierda ni comen ni dejan comer, no se atreven a definirse por temor a perder votos, sin percibir que están perdiendo la identidad.

En el otro bando, el de los independentistas, es la misma tónica. La derecha rancia catalana, la del 3% y cuentas en paraísos fiscales, lidera el movimiento separatista sometiendo la voluntad de la oposición de izquierda con promesas de reparto de poder cuando logren la República Catalana. Esta izquierda nacionalista excluyente, independentista, republicana, localista, pueblerina… y todos los calificativos antinaturales y contradictorios inimaginables, está dispuesta a apoyar hasta el mismísimo diablo con tal de arañar cuotas de poder y mangonear presupuestos públicos.

Sí, la estrategia de la derecha española es la misma que la estrategia de la derecha catalana, porque hay una sola estrategia y una sola derecha. El descontento de los ciudadanos por los recortes salariales y sociales no debe canalizarse hacia los partidos de izquierda y poner en peligro el Gobierno de la derecha, el protector de las multinacionales, los verdaderos gobernantes de la economía mundial. Con las ideologías nacionalistas se consigue que los sentimientos desplacen al raciocinio y rompan el mayor bloque de los votantes, los “pobres”. La manipulación de la democracia pura está asegurada.
           
            Mientras tanto, los partidos de izquierda españoles y catalanes viven acomodados en la oposición, sin responsabilidad de gobierno y cobrando de las arcas públicas. Si no fuera así alzarían la voz contra la Ley Electoral que les perjudica y permite que todos los votos no tengan el mismo valor. Necesitamos una Ley Electoral que garantice “un ciudadano, un voto” para que nuestra democracia sea algo más justa y difícil de manipular. Y también para terminar con los pactos post-electorales que desafían toda lógica política y devuelva todo el protagonismo al ciudadano.


Fdo.: Luis Perant Fernández

miércoles, 6 de diciembre de 2017

SE IMPONE REFORMAR NUESTRA CONSTITUCIÓN.

           

                         En el siglo XIX, las Revoluciones Liberales destruyeron el Sistema Estamental de privilegios del Antiguo Régimen en muchos países europeos. En España, este proceso revolucionario fue incompleto. Aristocracia y Clero siempre supieron hacerse con la situación, unas veces sobornando Monarcas y Liberales y otras apelando al Ejército. A la inversa de lo que ocurría en Europa, los liberales españoles no supieron impulsar la Revolución Industrial y modernizar las Instituciones del Estado. Ese período de la Historia de España moldeó todas las clases sociales acentuando su radicalidad, y sus secuelas perduraron durante toda la dictadura franquista. Inevitablemente, los intereses de las clases dominantes tradicionalistas aparecieron en la Constitución de 1978 con la división territorial política autonómica. Esto hace que el actual Sistema Político Español sea diferente de los sistemas de nuestros socios europeos porque aquí la Revolución Liberal-Industrial fue incompleta.

            En la última sesión de las Cortes Franquistas, en la que éstas se autodestruyen para dejar paso al Sistema Democrático, el tema de discusión no era aprobar la disolución. Se discutía el Sistema Electoral y la división territorial de la futura España democrática. Los poderes tradicionales, obligados por el FMI tenían que aceptar el cambio, incluyendo la legalización de todos los partidos políticos. Por tanto, se discutía sobre el modelo del nuevo Sistema Político y su Sistema Electoral para seguir controlando los negocios del Estado. En un sistema electoral “mayoritario”, casi siempre dos partidos importantes se turnan en el poder, y un tercero suele ser el partido “bisagra”. Pues bien, los tradicionalistas no podían tolerar que el tercer partido fuese el comunista, porque la mayoría parlamentaria siempre sería progresista. Ese puesto debía ocuparlo los partidos nacionalistas periféricos que por tradición e ideología son de derechas. Esto se consigue fácilmente con el Sistema Electoral “proporcional” que da entrada a los pequeños partidos locales. Para que los nacionalistas tengan realmente poder, y puedan contrarrestar un supuesto Poder central de izquierdas, tienen que ejercerlo y para ello se crea un sistema a la medida, el autonómico, con su Gobierno y su Parlamento y sin dependencia jerárquica del Gobierno Central. Si refrescamos la memoria, recordaremos que el Sistema Autonómico fue impulsado desde arriba, y tampoco faltan los ejemplos prácticos de pactos post-electorales que desafían toda lógica política.

            Como en este mundo nada es perfecto, aparecieron los fallos. Aparecen nuevos políticos, “los progres”, que ven un negocio con el Nacionalismo de izquierdas. Además, los comunistas acomplejados por la Dictadura Soviética caen de lleno en la trampa y colaboran con estos movimientos locales para picotear parcelas de poder. Esto es atípico, puesto que la ideología de izquierdas es universalista y el Nacionalismo es localista y tradicionalmente de derechas. Estos nacionalistas que se dicen de izquierdas son estafadores, alimentan un mito étnico tergiversando la historia. Se apoyan en unos “Fueros” del pueblo que les fueron arrebatados, cuando en realidad esos fueros eran por y para los estamentos privilegiados. El pueblo, en el Antiguo Régimen, sólo tenía el derecho a trabajar y callar.

Lo que en un principio era un negocio, el de acaparar poder, se ha degenerado en exigencias de independencia. La descentralización política del Estado ha permitido transferir ese poder delegado al poder económico local. Las élites locales funden nacionalismo cultural con nacionalismo político para alistar un ejército de abducidos a la causa nacionalista para mangonear las cuentas públicas. Don dinero autoalimenta y engorda cualquier grupo organizado. Mientras que nuestros socios europeos invierten en tecnología, en España estamos invirtiendo en nacionalismos excluyentes rancios.

            La hipotética desaparición del Estado Español sólo debería producirse en un proceso de integración hacia adelante, es decir, con la culminación de la Unión Europea como Estado, nunca hacia atrás con la independencia de las actuales Autonomías. Con la Ley Electoral “mayoritaria” quedarían tres o cuatro partidos políticos con vocación y programa de gobierno para toda España, y con una descentralización administrativa los conflictos de competencia desaparecerían. El debate República o Monarquía es compatible con este planteamiento. Seguramente los nacionalistas tacharían este sistema de dictadura, y tendrían razón. Es la dictadura de la mayoría, la perfecta definición de la Democracia, el menos malo de los sistemas, porque garantiza igualdad de derechos y deberes para “todos los ciudadanos del Estado” y periódicamente “todos los ciudadanos del Estado” deciden en las urnas.

            Sí, después de 39 años la Constitución Española de 1978 necesita despojarse urgentemente de los residuos del Antiguo Régimen para adaptarla a los retos de este siglo XXI. Estos retos no son otros que la creación del Estado Europeo con su propia Constitución, la única garantía de no repetir los 100 millones de muertos de las dos Guerras Mundiales del siglo XX provocadas por los nacionalismos.

Fdo.: Luis Perant Fernández