Aunque un Estado pertenezca al
bloque democrático y esté integrado en una o varias organizaciones supranacionales,
su sistema electoral es diferente de otros Estados similares. Esto se debe a
que cada Estado está formado por poderes diferentes. El sistema electoral se
desprende de la Constitución y asegura el gobierno del Estado según el consenso
alcanzado por los integrantes de la sociedad en dicha Constitución. Siendo
realistas, comprenderemos fácilmente que la sociedad evoluciona con el paso del
tiempo. Por tanto, el consenso de una época, que no equilibrio, se altera o se
quiebra y se impone una reforma parcial o completa del sistema electoral para
reflejar la nueva relación de fuerzas en la vida política de la nación.
En la última sesión de las Cortes
franquistas (19 de noviembre de 1.976), en la que éstas se autodestruyen para
dejar paso al sistema democrático, el tema de discusión en los pasillos no era
aprobar la disolución. Se discutía el sistema electoral y la división
territorial de la futura España democrática. Los poderes tradicionales,
obligados por el Fondo Monetario Internacional y por Occidente tenían que
aceptar el cambio, incluyendo la legalidad de todos los partidos políticos. Por
lo tanto, se discutía sobre el modelo del nuevo sistema político para seguir
controlando el Estado. En un sistema electoral “mayoritario” existen, casi siempre
dos partidos importantes que se turnan en el poder, y un tercero que suele ser
el partido “bisagra”. Los tradicionalistas y los poderes fácticos no podían
tolerar que el tercer partido fuese el comunista. Ese puesto debía ocuparlo los
partidos nacionalistas periféricos que por tradición e ideología son de derechas.
Esto se consigue fácilmente con un sistema electoral “proporcional” que da
entrada a los partidos políticos localistas. Para que los nacionalistas tengan
realmente poder, y puedan contrarrestar un posible Poder central de izquierdas,
tienen que ejercerlo y para ello se crea un sistema a la medida, el autonómico,
con su Gobierno y su Cámara legislativa y sin dependencia jerárquica del Poder
Central. La Constitución Española no establece límites entre las competencias
del Estado y de las Autonomías, esta situación genera conflictos permanentes
entre uno y otros. Y como ambos están legitimados por las urnas, no toleran
dependencia jerárquica alguna. Esta situación que se desprende de nuestra Constitución
no es fruto de la casualidad. Si refrescamos la memoria histórica, recordaremos
que el sistema autonómico fue inventado e impulsado desde arriba. Además los
poderes tradicionales entienden de caciquismos para dirigir la periferia y
manejar todos los negocios locales.
Como en este mundo nada es perfecto,
aparecen los fallos. Aparecen nuevos políticos, los progres, que ven un negocio con el nacionalismo
de izquierdas. Esto es atípico, puesto que la ideología de izquierdas es
universalista y el nacionalismo es localista y tradicionalmente de derechas.
Estos nacionalistas que se dicen de izquierdas son estafadores, alimentan un
mito étnico tergiversando la historia. Se apoyan en unos Fueros del pueblo que
fueron arrebatados, cuando en realidad esos fueros eran los privilegios de los
estamentos privilegiados. El pueblo, en el Antiguo Régimen, sólo tenía el
derecho a trabajar y callar. Estos “progres” se han visto desbordados por los
“cachorros” y lo que en un principio era un negocio, el de acaparar poder, se
ha transformado en un peligro para la Democracia. Se han manipulado las
culturas locales para crear odio, y amparándose en el sistema democrático, se
exige la autodeterminación para después imponer la dictadura de la etnia. Lo
que en un principio era una descentralización política y administrativa del
Estado se ha convertido en exigencias de independencia. El sistema autonómico
se ha escapado de las manos, a unos y a otros.
Con una reforma de la Ley Electoral,
sería cambiar del sistema proporcional al mayoritario, quedarían tres o cuatro
partidos políticos con vocación y programa de gobierno para toda España. Y con
una descentralización regional o federal, con Cámaras Legislativas con
competencias definidas y delimitadas, los conflictos de competencia desaparecerían.
Nunca más se repetirían las elecciones generales, nunca más habría gobiernos en
funciones sin control parlamentario y nunca más las minorías chantajearían a
las mayorías, y no me refiero a los nacionalistas de a pie. Son las minorías
económicas, de los negocios y bien organizadas las que hacen de la ideología
nacionalista su herramienta política de dominación de las masas. Seguramente
los nacionalistas independentistas, y otros políticos profesionales, tacharían
este sistema de dictadura centralista, y tendrían razón. Sería la dictadura de
la mayoría, la perfecta definición de la Democracia, el menos malo de los
sistemas políticos, porque genera igualdad para todos y periódicamente los
ciudadanos deciden en las urnas. Esta España sería diferente, sería más
democrática, más social y más europea.
Fdo.: Luis Perant Fernández
