La huelga general del 29-S dejó patente que el movimiento sindical español está en horas bajas. Es cierto que esta huelga general fue desprestigiada en todos los medios de comunicación por las organizaciones empresariales y políticas, pero esta desconexión sindicatos-trabajadores no es fruto de la desavenencia de una huelga, sino de un proceso largo que empezó en la década de los 90. Cuando digo reforma, no pretendo cambiar ninguna Ley, sino el funcionamiento interno de los sindicatos y el comportamiento de sus dirigentes.
Por entonces, UGT y CC.OO acaparaban la afiliación de la mayoría de los trabajadores y gozaban de gran prestigio. Pronto, las organizaciones empresariales, pero también los partidos políticos, se dieron cuenta del peligro que representaba para sus intereses esta concentración del poder sindical en manos de dos sindicatos. Y como no podían tolerarlo, porque entonces una huelga general sí paralizaba todo el país, pues se pusieron manos a la obra y empezaron a dividir. A partir de ese momento, en todas las administraciones y empresas públicas y privadas no cesaron las facilidades para potenciar los sindicatos independientes ya existentes, o la creación de nuevos. No digo que esos sindicatos fuesen controlados por la patronal, ni mucho menos, pero terminaron con la unidad sindical. Este proceso fue acompañado de una campaña de desprestigio de los dos sindicatos mayoritarios, se les acusó de estar bajo tutela política y posponer los intereses de los trabajadores a la directrices del partido. Claro, que había que acallar a sus dirigentes, y para ello, el dinero público llegó para que UGT y CC.OO fuesen algo más que un sindicato. Se convirtieron en centro de enseñanza, cooperativa de viviendas, agencia de ocio, defensores de minorías, propagadores nacionalistas, etc. Cayeron en la trampa de crecer sin tener fuentes de financiación al margen del poder político. Dependen de los ingresos de los cursos de formación para hacer frente a sus gastos corrientes, y el poder político es consciente de esta dependencia. La concesión de los cursos de formación por parte del gobierno de turno es proporcional a su rendimiento político, es decir, siempre está sujeta a intercambios de intereses. Y el que no quiera ver este proceso, o es ciego, o es parte interesada.
Si los sindicatos quieren volver a tener el apoyo de los trabajadores, tienen que adaptarse a las nuevas circunstancias. Las organizaciones empresariales y políticas han orquestado campañas de desprestigio sistemático de los sindicatos, han ridiculizado a sus dirigentes y desprestigiado sus fines. Los sindicatos deben despojarse de todos sus complejos, de todas las actividades accesorias que le restan energía e independencia y de todos sus dirigentes profesionales. Hoy día, la defensa de la clase trabajadora no es la revolución ni las barricadas, pero tampoco debe ser la subordinación al poder político. Los sindicatos obreros tienen que aprender de las organizaciones empresariales. Éstas defienden sus intereses siempre presionando, incluso chantajeando al poder político. Las relaciones de grupos son siempre políticas y las nuevas técnicas de los sindicatos han de ser también políticas. El activo político de los sindicatos es el voto de sus afiliados, y antes de unas elecciones ha de rentabilizarse negociando contenidos de los programas electorales de los partidos. También han de ser capaces de influir en la elaboración de las Leyes antes de que se promulguen y que afecten a los trabajadores, parados y jubilados. Si algunas de éstas vienen de la Unión Europea, pues allí han de presionar los sindicatos, igual que hacen las organizaciones empresariales infectando Bruselas de oficinas para estar cerca de la toma de decisiones y poder influir. Con coraje, los dirigentes han de hacer público el apoyo del sindicato al partido que mejor defienda sus intereses en cada momento.
Esta nueva vía de acción sindical debe ser una realidad para que los sindicatos recuperen la credibilidad de la clase trabajadora. Esto sólo puede ser posible si los afiliados se conciencian de la necesidad de un cambio radical en la estructura organizativa sindical. Las subvenciones públicas y los liberados de trabajo sólo deben ser lo estipulado por ley, no deben ser objeto de negociación, porque la mayoría de veces son secretas y en beneficio de los dirigentes profesionales para afianzar su poder dentro de la organización. El sindicato debe huir de esos profesionales, a la hora de negociar es más positivo tener menos experiencia que estar en deuda con los interlocutores empresariales y políticos. Los cargos sindicales no deberían superar los cuatro años seguidos. Sería muy positivo que el liberado sindical alternara los períodos dedicados al sindicato con su puesto de trabajo, para no olvidar sus orígenes.
Fdo: Luis Perant Fernández
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