En Alicante existe un conflicto Puerto-Ciudad. Los vecinos no quieren un Puerto industrial, alegan motivos medioambientales y de salud, y proponen un Puerto seco en un polígono industrial. El Puerto-Ayuntamiento-Generalidad Valenciana (los tres gobernados por el Partido Popular) defienden el Puerto industrial. Estos alegan que las actividades del Puerto no son contaminantes y defienden los puestos de trabajo que el Puerto genera.
Este conflicto de intereses es extrapolable a cualquier actividad, a cualquier lugar y en cualquier época, sólo es cuestión de echarle imaginación.
Este artículo lo escribí y fue publicado en el Diario Información el 1 de diciembre de 2006.
¿POR QUÉ TANTO PELOTAZO? ¿TAMBIÉN EN EL PUERTO?
Los ciudadanos tienen derecho a sospechar de todas las actuaciones públicas, ya que cada día desayunan con las mismas noticias: Marbella, Seseña, Andratx, Pilar de la Horadada, infraestructuras y planes urbanísticos por toda España, Mercalicante, Terra Mítica, Plan Rabasa, Aparcamientos, El Plantío… y por qué no sospechar del Puerto? Tal vez haya una explicación razonada a todas estas actuaciones.
Las administraciones públicas tienen los recursos limitados y no pueden hacer frente a las demandas de los ciudadanos que cada vez son mayores. Este fenómeno se agrava por el hecho de que la Unión Europea limita el endeudamiento de los Estados miembros. Éstos deben elegir entre no llevar a cabo las inversiones necesarias para un desarrollo sostenible de la sociedad o recurrir al sector privado, que sí puede endeudarse o invertir en los negocios públicos. Esto último es lo que se hace a todos los niveles de las Administraciones Públicas. Ahora bien, el sector privado invierte en el público siempre que tenga la garantía de que es un buen negocio y para ello se coloca cerca del poder. Los grupos empresariales e instituciones han instalado sus oficinas en Bruselas. Este proceso se ve favorecido por las deficiencias democráticas de las instituciones europeas que facilitan la actuación de los grupos de presión bien organizados. No sabemos si la limitación del gasto público obedece a criterios económicos o si está impuesta para que lo público se subordine a lo privado. Una cosa está clara, los holdings empresariales tienen cada vez más poder político, el orden de prioridad de las inversiones públicas obedece cada vez más a criterios empresariales y menos a las necesidades de la sociedad. Los asesores empresariales están reemplazando a los técnicos públicos y juegan el papel que antaño desempeñó la Iglesia en las cortes de las monarquías europeas: controlar las instituciones en beneficio de la organización.
El 16 y 17 de junio de 2005 se celebraron en Valencia unas jornadas sobre Infraestructura de Transporte en la Comunidad Valenciana. El señor Mario Flores fue ponente sobre el Puerto de Alicante. Entre 1997 y 2007, la inversión ha sido de 127 859 000 euros. No precisó entre inversión propia y ajena, cosa que sí dijo la Autoridad Portuaria de Valencia sobre sus inversiones y que aproximadamente estaban al 50%. Aportó planos, gráficas y fotografías. Según los planos, los muelles 23 y 25 serán para la terminal de pasajeros, el muelle 21 para la terminal multipropósito y el muelle 19 será la terminal de graneles. La planta de biodiésel y los depósitos no aparecían por ninguna parte, no hizo ninguna mención.
La Autoridad Portuaria está hipotecando la actividad tradicional del puerto desvíándola hacia otros lugares, precisamente ahora que el comercio internacional va viento en popa. Antes de nacer la planta de biodiésel, sabemos que no tendrá más de 30 años de vida, ya que esa energía será reemplazada por la de hidrógeno. Los mercados perdidos difícilmente se recuperan. El Sr. Flores no ha dudado en negociar con un grupo empresarial, cuyo único interés por el Puerto es el menor coste de la planta de biodiésel en comparación a otra ubicación. Todos están de acuerdo: no importa los daños colaterales, ni el futuro del Puerto, lo importante es el mayor beneficio a corto plazo.
¿Qué dice nuestro Alcalde? Desde que tiene tantos amigos empresarios, ha perdido el norte. Y es que tener amigos empresarios no es ningún delito, pero hacerles el juego, sí. Sr. Alcalde, su obligación puede ser buscar financiación privada para llevar a cabo proyectos de interés público y cuantos más contactos empresariales tenga, pues mejor. Pero una cosa debería tener clara, mientras el empresario privado busca su beneficio, el Alcalde ha sido elegido para defender los intereses públicos y generales. La calidad de vida de los ciudadanos y la integración del Puerto en la ciudad son competencias suyas, a menos que en la intimidad ejerza de empresario. Los alicantinos y la Justicia ya le están pidiendo cuentas, sólo falta su partido.
Fdo: Luis Perant Fernández
Fdo: Luis Perant Fernández
MARE NOSTRUM Y PUERTO PESQUERO DE ALICANTE
DESDE MI CASA
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