La transición española, del anterior régimen al actual, fue ejemplar. No fue pura casualidad, todo quedó atado y bien atado en la Constitución española de 1978.
En el siglo XIX, en todos los países occidentales hubo revoluciones liberales que tambalearon y finalmente destruyeron el sistema estamental de privilegios del Antiguo Régimen. En España, este proceso revolucionario del siglo XIX fue incompleto. Los estamentos privilegiados (Aristocracia e Iglesia) siempre supieron hacerse con la situación, unas veces sobornando al Monarca, otras apelando al Ejército y otras negociando con los Liberales. A la inversa de lo que ocurría en EE.UU. y Europa, los liberales españoles nunca estuvieron a la altura de las circunstancias. No supieron impulsar la Revolución industrial y modernizar las instituciones del Estado. Las tres Guerras Carlistas, la dependencia española de las inversiones extranjeras y el miedo a los pronunciamientos militares fueron motivos convincentes para que los Liberales se decantasen hacia las fuerzas conservadoras.
La Revolución de 1868, llamada “la Gloriosa”, fue el último intento de acabar con el Antiguo Régimen, pero la nueva clase social, la de los negocios y las finanzas, los Liberales, tuvieron miedo de sus socios revolucionarios, los Demócratas, esos que querían el sufragio universal, esos que querían igualdad, esos que querían participar en el Gobierno. Ante el temor de que la Revolución liberal se transformara en una Revolución obrera, los Liberales y Conservadores-tradicionalistas se repartieron el pastel:
1- La Iglesia se queda con la educación, es decir, la mente del pueblo.
2- La Aristocracia con los privilegios de siempre, es decir, los negocios del Estado.
3- El Ejército con el derecho a participar en la vida política, es decir, la legitimación de los Pronunciamientos.
4- Los Liberales con la garantía del Estado para defender sus intereses, es decir, institucionalización de la propiedad privada y de la represión.
5- La Judicatura y Clase Política, la manipulación del sistema, es decir, el Caciquismo.
Aquí terminaron las Guerras Carlistas y empieza la Restauración. Este panorama estático se prolonga hasta la Constitución de 1978, pero claro está, crea conflictos entre los que dirigen el sistema y los que quedan al margen, que son la mayoría. Al igual que no existió una clase media mayoritaria e ilustrada que impulsara el progreso, en el terreno de las ideologías predominaron los extremismos. Con suma facilidad pasamos del Estado confesional a la quema de iglesias. Este período de la Historia de España que empieza a principios del siglo XIX, el Constitucionalismo español, ha moldeado todas las capas de la sociedad española, y por supuesto, sus intereses aparecen en la Constitución de 1978. Según ésta, todos los ciudadanos, todas las ideologías y todas las organizaciones que se rijan por medios democráticos, se integran y participan en la vida pública y las instituciones del Estado, pero también perduran los vestigios del Antiguo Régimen que dominan las relaciones de poder entre las clases sociales y que se materializan con la división territorial político-administrativa autonómica.
En cualquier Estado actual del mundo occidental, el funcionamiento del sistema político es similar: el Gobierno de la Nación capta los problemas de la sociedad, crea políticas públicas para resolverlos y con la aprobación del Poder Legislativo, las lleva a cabo. Por supuesto que el resultado de esta acción depende de muchos factores, internos, externos, económicos, culturales y sociales, pero también del grado de descentralización del Estado que puede ser provincial, regional o federal. Pero todos tienen un denominador común, todos tienen un solo Poder Legislativo, aunque sea bicameral. Pues bien, España no se ajusta al modelo. El modelo español de descentralización es el Autonómico, donde cada Comunidad tiene su Gobierno y su Cámara legislativa. Ésta, legitimada por su “pueblo” legisla y aquél gobierna. Además, como la Constitución no establece límites entre las competencias del Estado y de las Autonomías, esta situación genera conflictos permanentes entre uno y otros. Y como ambos están legitimados por las urnas, no existe dependencia jerárquica alguna. Esta situación que se desprende de nuestra Constitución no es fruto de la casualidad.
En la última sesión de las Cortes franquistas, en la que éstas se autodestruyen para dejar paso al sistema democrático, el tema de discusión en los pasillos no era aprobar la disolución. Se discutía el sistema electoral y la división territorial de la futura España democrática. Los poderes tradicionales, obligados por el Fondo Monetario Internacional y por Occidente tenían que aceptar el cambio, incluyendo la legalidad de todos los partidos políticos. Por lo tanto, se discutía sobre el modelo del nuevo sistema político y su sistema electoral para seguir controlando el Estado. En un sistema electoral “mayoritario” a dos vueltas existen, casi siempre dos partidos importantes que se turnan en el poder, y un tercero que suele ser el partido “bisagra”, además los ciudadanos refrendan los pactos entre los partidos políticos en la 2ª vuelta, lo que es muy positivo para la Democracia. Pues bien, los tradicionalistas no podían tolerar ese sistema y que el tercer partido fuese el Comunista, porque la mayoría de los españoles son de izquierdas. Ese puesto debía ocuparlo los partidos Nacionalistas periféricos que por tradición e ideología son de Derechas. Esto se consigue fácilmente con un sistema electoral “proporcional” que da entrada a los pequeños partidos locales. Para que los Nacionalistas tengan realmente poder, y puedan contrarrestar un posible Poder central de izquierdas, tienen que ejercerlo y para ello se crea un sistema a la medida, el autonómico, con su Gobierno y su Cámara legislativa y sin dependencia jerárquica del Gobierno Central. Además los poderes tradicionales entienden de caciquismos para dirigir la periferia y manejar todos los negocios locales. Si refrescamos la memoria, recordaremos que el sistema autonómico fue impulsado desde arriba, y también que el Gobierno del PSOE fracasó cuando necesitó el apoyo Nacionalista.
Como en este mundo nada es perfecto, aparecen los fallos. Aparecen nuevos politiquillos, los “progres”, que ven un negocio con el Nacionalismo de izquierdas (además los comunistas, acomplejados por la Dictadura Soviética, caen de lleno en la trampa y colaboran con estos movimientos para picotear parcelas de poder local). Esto es atípico, puesto que la ideología de izquierdas es universalista y el Nacionalismo es localista y tradicionalmente de derechas. Estos Nacionalistas que se dicen de izquierdas son estafadores, alimentan un mito étnico tergiversando la historia. Se apoyan en unos Fueros del pueblo que fueron arrebatados, cuando en realidad esos fueros eran los privilegios de los estamentos privilegiados. El pueblo, en el Antiguo Régimen, sólo tenía el derecho a trabajar y callar. Estos “progres” se han visto desbordados por los “cachorros” y lo que en un principio era un negocio, el de acaparar poder, se ha transformado en un peligro para la Democracia. Se ha manipulado las culturas locales para crear odio y amparándose en el sistema democrático, se exige la autodeterminación para después imponer la dictadura de la etnia. Lo que en un principio era una descentralización del Estado y su control político, se ha convertido en peticiones de independencia. El sistema autonómico se ha escapado de las manos, a unos y a otros.
Mientras que los demás países industrializados invierten en tecnología, en España estamos invirtiendo en nacionalismos. El sistema de las autonomías, además de ser antieconómico es un peligro para la convivencia y la libertad. El problema de ETA tiene solución, pero solución política. Y también no debemos de olvidar que los protagonistas de la Unión Europea son los Estados Nacionales. Los Estados federados alemanes, las regiones italianas o los departamentos franceses sólo son divisiones territoriales administrativas. Ellos lo tienen claro, y nosotros mientras tanto, seguimos con nuestra cultura extremista: Aragón manifestándose contra el robo de “su agua”, Cataluña, chantajeando a toda España, en el País Vasco, la sociedad civil al borde de la confrontación armada, y en Galicia, la Marea Negra arrasa la Costa de la Muerte, mientras que barcos europeos “anticontaminación” limpian las aguas porque España carece de ellos. Claro que todo esto está orquestado por un Gobierno español débil, maniatado en la política nacional e incapaz de regular, a nivel internacional, el tráfico marítimo en el Cabo Finisterre.
Sí, después de 24 años de Constitución, ésta necesita una reforma, y la necesita porque la sociedad española ha madurado. La Constitución Española de 1978 debe despojarse de los extremismos. Con la Ley electoral “mayoritaria” quedarían tres o cuatro partidos políticos con vocación y programa de gobierno para toda España y con una descentralización provincial o federal, sin Cámara Legislativa Autonómica, es decir, con Cámaras Representativas con poder reglamentario, los conflictos de competencia desaparecerían. El debate República o Monarquía es indiferente en este planteamiento. Seguramente los Nacionalistas tacharían este sistema de dictadura, y tendrían razón. Es la dictadura de la mayoría, la perfecta definición de la Democracia, el menos malo de los sistemas, porque genera igualdad para todos y periódicamente los ciudadanos deciden en las urnas.
La hipotética desaparición del Estado Español sólo deberá producirse en un proceso de integración hacia adelante, es decir con la culminación de la Unión Europea como Estado, nunca hacia atrás con la independencia de las actuales Comunidades Autónomas. La desintegración del Estado Español sólo es factible en un proceso generalizado en la Unión Europea, donde todos los Estados miembros desaparecerían como tal, dando paso a un Estado Europeo con su sistema político y su descentralización administrativa, o sea, su Constitución. La Unión Europea no se estanca con la Unión Monetaria, es un proceso abierto y dinámico, y es aquí donde debemos centrar todas las energías, cada clase social en su parcela y en la armonía del conjunto del sistema político.
Del Estado Español de las Autonomías al Estado Europeo, el camino será largo, dilatado en el tiempo y lleno de obstáculos. Sólo podremos alcanzar la meta en las mismas condiciones que nuestros socios europeos, si iniciamos la marcha todos unidos dentro de un Estado Español democrático, soberano y fuerte. Sí, la Constitución Española de 1978 necesita despojarse urgentemente de las sombras del Antiguo Régimen para afrontar los retos de este inicio del Siglo XXI, que no son otros que la creación del Estado Europeo.
Fdo: Luis Perant Fernández
http://www.bottup.com/200912015177/Ciudadania/por-que-agoniza-la-constitucion.html
En el siglo XIX, en todos los países occidentales hubo revoluciones liberales que tambalearon y finalmente destruyeron el sistema estamental de privilegios del Antiguo Régimen. En España, este proceso revolucionario del siglo XIX fue incompleto. Los estamentos privilegiados (Aristocracia e Iglesia) siempre supieron hacerse con la situación, unas veces sobornando al Monarca, otras apelando al Ejército y otras negociando con los Liberales. A la inversa de lo que ocurría en EE.UU. y Europa, los liberales españoles nunca estuvieron a la altura de las circunstancias. No supieron impulsar la Revolución industrial y modernizar las instituciones del Estado. Las tres Guerras Carlistas, la dependencia española de las inversiones extranjeras y el miedo a los pronunciamientos militares fueron motivos convincentes para que los Liberales se decantasen hacia las fuerzas conservadoras.
La Revolución de 1868, llamada “la Gloriosa”, fue el último intento de acabar con el Antiguo Régimen, pero la nueva clase social, la de los negocios y las finanzas, los Liberales, tuvieron miedo de sus socios revolucionarios, los Demócratas, esos que querían el sufragio universal, esos que querían igualdad, esos que querían participar en el Gobierno. Ante el temor de que la Revolución liberal se transformara en una Revolución obrera, los Liberales y Conservadores-tradicionalistas se repartieron el pastel:
1- La Iglesia se queda con la educación, es decir, la mente del pueblo.
2- La Aristocracia con los privilegios de siempre, es decir, los negocios del Estado.
3- El Ejército con el derecho a participar en la vida política, es decir, la legitimación de los Pronunciamientos.
4- Los Liberales con la garantía del Estado para defender sus intereses, es decir, institucionalización de la propiedad privada y de la represión.
5- La Judicatura y Clase Política, la manipulación del sistema, es decir, el Caciquismo.
Aquí terminaron las Guerras Carlistas y empieza la Restauración. Este panorama estático se prolonga hasta la Constitución de 1978, pero claro está, crea conflictos entre los que dirigen el sistema y los que quedan al margen, que son la mayoría. Al igual que no existió una clase media mayoritaria e ilustrada que impulsara el progreso, en el terreno de las ideologías predominaron los extremismos. Con suma facilidad pasamos del Estado confesional a la quema de iglesias. Este período de la Historia de España que empieza a principios del siglo XIX, el Constitucionalismo español, ha moldeado todas las capas de la sociedad española, y por supuesto, sus intereses aparecen en la Constitución de 1978. Según ésta, todos los ciudadanos, todas las ideologías y todas las organizaciones que se rijan por medios democráticos, se integran y participan en la vida pública y las instituciones del Estado, pero también perduran los vestigios del Antiguo Régimen que dominan las relaciones de poder entre las clases sociales y que se materializan con la división territorial político-administrativa autonómica.
En cualquier Estado actual del mundo occidental, el funcionamiento del sistema político es similar: el Gobierno de la Nación capta los problemas de la sociedad, crea políticas públicas para resolverlos y con la aprobación del Poder Legislativo, las lleva a cabo. Por supuesto que el resultado de esta acción depende de muchos factores, internos, externos, económicos, culturales y sociales, pero también del grado de descentralización del Estado que puede ser provincial, regional o federal. Pero todos tienen un denominador común, todos tienen un solo Poder Legislativo, aunque sea bicameral. Pues bien, España no se ajusta al modelo. El modelo español de descentralización es el Autonómico, donde cada Comunidad tiene su Gobierno y su Cámara legislativa. Ésta, legitimada por su “pueblo” legisla y aquél gobierna. Además, como la Constitución no establece límites entre las competencias del Estado y de las Autonomías, esta situación genera conflictos permanentes entre uno y otros. Y como ambos están legitimados por las urnas, no existe dependencia jerárquica alguna. Esta situación que se desprende de nuestra Constitución no es fruto de la casualidad.
En la última sesión de las Cortes franquistas, en la que éstas se autodestruyen para dejar paso al sistema democrático, el tema de discusión en los pasillos no era aprobar la disolución. Se discutía el sistema electoral y la división territorial de la futura España democrática. Los poderes tradicionales, obligados por el Fondo Monetario Internacional y por Occidente tenían que aceptar el cambio, incluyendo la legalidad de todos los partidos políticos. Por lo tanto, se discutía sobre el modelo del nuevo sistema político y su sistema electoral para seguir controlando el Estado. En un sistema electoral “mayoritario” a dos vueltas existen, casi siempre dos partidos importantes que se turnan en el poder, y un tercero que suele ser el partido “bisagra”, además los ciudadanos refrendan los pactos entre los partidos políticos en la 2ª vuelta, lo que es muy positivo para la Democracia. Pues bien, los tradicionalistas no podían tolerar ese sistema y que el tercer partido fuese el Comunista, porque la mayoría de los españoles son de izquierdas. Ese puesto debía ocuparlo los partidos Nacionalistas periféricos que por tradición e ideología son de Derechas. Esto se consigue fácilmente con un sistema electoral “proporcional” que da entrada a los pequeños partidos locales. Para que los Nacionalistas tengan realmente poder, y puedan contrarrestar un posible Poder central de izquierdas, tienen que ejercerlo y para ello se crea un sistema a la medida, el autonómico, con su Gobierno y su Cámara legislativa y sin dependencia jerárquica del Gobierno Central. Además los poderes tradicionales entienden de caciquismos para dirigir la periferia y manejar todos los negocios locales. Si refrescamos la memoria, recordaremos que el sistema autonómico fue impulsado desde arriba, y también que el Gobierno del PSOE fracasó cuando necesitó el apoyo Nacionalista.
Como en este mundo nada es perfecto, aparecen los fallos. Aparecen nuevos politiquillos, los “progres”, que ven un negocio con el Nacionalismo de izquierdas (además los comunistas, acomplejados por la Dictadura Soviética, caen de lleno en la trampa y colaboran con estos movimientos para picotear parcelas de poder local). Esto es atípico, puesto que la ideología de izquierdas es universalista y el Nacionalismo es localista y tradicionalmente de derechas. Estos Nacionalistas que se dicen de izquierdas son estafadores, alimentan un mito étnico tergiversando la historia. Se apoyan en unos Fueros del pueblo que fueron arrebatados, cuando en realidad esos fueros eran los privilegios de los estamentos privilegiados. El pueblo, en el Antiguo Régimen, sólo tenía el derecho a trabajar y callar. Estos “progres” se han visto desbordados por los “cachorros” y lo que en un principio era un negocio, el de acaparar poder, se ha transformado en un peligro para la Democracia. Se ha manipulado las culturas locales para crear odio y amparándose en el sistema democrático, se exige la autodeterminación para después imponer la dictadura de la etnia. Lo que en un principio era una descentralización del Estado y su control político, se ha convertido en peticiones de independencia. El sistema autonómico se ha escapado de las manos, a unos y a otros.
Mientras que los demás países industrializados invierten en tecnología, en España estamos invirtiendo en nacionalismos. El sistema de las autonomías, además de ser antieconómico es un peligro para la convivencia y la libertad. El problema de ETA tiene solución, pero solución política. Y también no debemos de olvidar que los protagonistas de la Unión Europea son los Estados Nacionales. Los Estados federados alemanes, las regiones italianas o los departamentos franceses sólo son divisiones territoriales administrativas. Ellos lo tienen claro, y nosotros mientras tanto, seguimos con nuestra cultura extremista: Aragón manifestándose contra el robo de “su agua”, Cataluña, chantajeando a toda España, en el País Vasco, la sociedad civil al borde de la confrontación armada, y en Galicia, la Marea Negra arrasa la Costa de la Muerte, mientras que barcos europeos “anticontaminación” limpian las aguas porque España carece de ellos. Claro que todo esto está orquestado por un Gobierno español débil, maniatado en la política nacional e incapaz de regular, a nivel internacional, el tráfico marítimo en el Cabo Finisterre.
Sí, después de 24 años de Constitución, ésta necesita una reforma, y la necesita porque la sociedad española ha madurado. La Constitución Española de 1978 debe despojarse de los extremismos. Con la Ley electoral “mayoritaria” quedarían tres o cuatro partidos políticos con vocación y programa de gobierno para toda España y con una descentralización provincial o federal, sin Cámara Legislativa Autonómica, es decir, con Cámaras Representativas con poder reglamentario, los conflictos de competencia desaparecerían. El debate República o Monarquía es indiferente en este planteamiento. Seguramente los Nacionalistas tacharían este sistema de dictadura, y tendrían razón. Es la dictadura de la mayoría, la perfecta definición de la Democracia, el menos malo de los sistemas, porque genera igualdad para todos y periódicamente los ciudadanos deciden en las urnas.
La hipotética desaparición del Estado Español sólo deberá producirse en un proceso de integración hacia adelante, es decir con la culminación de la Unión Europea como Estado, nunca hacia atrás con la independencia de las actuales Comunidades Autónomas. La desintegración del Estado Español sólo es factible en un proceso generalizado en la Unión Europea, donde todos los Estados miembros desaparecerían como tal, dando paso a un Estado Europeo con su sistema político y su descentralización administrativa, o sea, su Constitución. La Unión Europea no se estanca con la Unión Monetaria, es un proceso abierto y dinámico, y es aquí donde debemos centrar todas las energías, cada clase social en su parcela y en la armonía del conjunto del sistema político.
Del Estado Español de las Autonomías al Estado Europeo, el camino será largo, dilatado en el tiempo y lleno de obstáculos. Sólo podremos alcanzar la meta en las mismas condiciones que nuestros socios europeos, si iniciamos la marcha todos unidos dentro de un Estado Español democrático, soberano y fuerte. Sí, la Constitución Española de 1978 necesita despojarse urgentemente de las sombras del Antiguo Régimen para afrontar los retos de este inicio del Siglo XXI, que no son otros que la creación del Estado Europeo.
Fdo: Luis Perant Fernández
http://www.bottup.com/200912015177/Ciudadania/por-que-agoniza-la-constitucion.html
EXPLANADA DE ESPAÑA
-ALICANTE-
