El principio democrático por
excelencia es “un ciudadano, un voto”. Sin embargo, el resultado de los
procesos electorales democráticos no refleja siempre la victoria de las
mayorías sociales reales. A ver si me explico. Si el proceso electoral se
ajustase al principio democrático estricto, los “partidos de los pobres” siempre
ganarían las elecciones, porque todos coincidimos en que, en todas partes, los
pobres son más numerosos que los ricos. Entonces, ¿por qué los partidos
representantes de las minorías ganan muchas veces las elecciones?, o ¿por qué
las Instituciones de la Unión Europea aplican políticas anti mayorías sociales?
Podríamos perdernos hablando de
cientos de ejemplos, y criticar o justificar según las ideologías aplicadas.
También es cierto que ninguna ley electoral es neutra, todas son interesadas y
partidistas, benefician a unos y perjudican a otros. Es decir, que modifican o alteran
el principio democrático de que todos los votos deben tener el mismo valor. Por
tanto, debemos plantearnos que nuestra democracia se rige por algo más que la suma
de votos.
Nuestro sistema democrático no es
puro, es un sistema democrático alterado para equilibrar las fuerzas sociales,
para consensuar una convivencia. La clase minoritaria acaudalada tiene pánico a
toda revolución que conlleve la pérdida de su capital y poder, y por tanto,
está dispuesta a ceder protagonismo político y repartir los frutos del capital
en “la mínima proporción” para evitar cualquier alteración de poder. Por la
otra parte, la clase trabajadora ha renunciado a las revoluciones sangrientas
de otras épocas y basa su lucha en conseguir un reparto más equitativo de la
producción y un Estado protector para los más débiles. Sólo por estas razones,
las alternancias en el poder son pacíficas y poco traumáticas, porque al margen
de las discrepancias, los adversarios se respetan. Cierto es, que unos y otros
cumplirán hasta que la otra parte rompa su compromiso.
Imaginemos que vivimos en un sistema
piramidal. En la base ancha estaría la población más pobre y numerosa, y según
vamos ascendiendo se colocan los ciudadanos por orden de ingresos. Cuanto más
arriba de la pirámide, encontramos menos personas pero con mayor fortuna y
status. Pues bien, dentro de esa pirámide están en continuo conflicto los
intereses de los ciudadanos y de sus grupos. Sin embargo, la sociedad vive en
aparente equilibrio, reina una paz consensuada porque la suma de esas fuerzas de
intereses se neutraliza en un punto dentro de la pirámide. Digamos que ese
punto de equilibrio es el punto de gravedad social resultante de las fuerzas
internas, a semejanza de las leyes físicas. Es decir, que el punto de gravedad,
o de equilibrio, se puede desplazar a voluntad por toda la pirámide si los
actores sociales alteran las fuerzas. Y según el lugar que ocupe ese punto de
gravedad dentro de la pirámide, pues beneficiará más a unos ciudadanos que a
otros, y sin romper el equilibrio consensuado. Cuanto más abajo se sitúe, más
beneficios obtendrán las clases altas, y cuanto más arriba, los más pobres. En
un proceso constituyente, ese punto de gravedad nunca será el término medio y siempre
determinará el sistema electoral.
Los actores sociales, políticos y
económicos maximizan sus beneficios no sólo en los procesos electorales, sino
también actuando sobre las fuerzas que les son favorables. Para ello, hay un
sinfín de herramientas que cada grupo de interés maneja con maestría y/o con
dinero, como son la legislación, la judicatura, la economía, la política, los
mercados, los lobbies, la huelga de capital, las privatizaciones, la calidad y
cantidad de trabajo, los partidos políticos, las ideologías, las religiones, la
educación, la cultura, los sentimientos nacionalistas, la huelga de trabajo, los
disturbios callejeros, la represión, los medios de comunicación, la opinión
pública con un ejército de líderes sociales, políticos, economistas,
empresarios, actores, sindicalistas, profesores, científicos, …
Si algún grupo de interés, en un
acto egoísta e irresponsable, expande en exceso las fuerzas que les son
favorables, a semejanza de la física el centro de gravedad social se desplaza y
puede situarse fuera del cuerpo, en este caso fuera de la pirámide. Esta acción
equivale a una ruptura del sistema político, a un suicidio colectivo y al fin de
la convivencia pacífica consensuada. La pirámide podría desmoronarse como un
castillo de naipes. La Constitución debería prevenir tal situación extrema y
peligrosa, por ejemplo dando competencias al Jefe del Estado. Tenemos que
preguntarnos si un Presidente de la República con las competencias adecuadas
para defender el Estado y la Constitución hubiese permitido que un gobierno partidista
desplazase el punto de gravedad social fuera de la pirámide, con el
consiguiente saqueo de las arcas públicas, el endeudamiento y el
empobrecimiento generalizado de los ciudadanos españoles.
Fdo.: Luis Perant Fernández
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